Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital peligro estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías usando indebidamente los recursos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZ Internacional JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el enfrentamiento comienza a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se manifiesta que se ha hecho un empleo indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de demandas judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan más capas de un conflicto que subraya la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..